El Ministerio del Interior, mediante el decreto 143 del 7 febrero de 2019, designó como alcalde ad hoc de Marmato al secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Juan Felipe Álvarez Castro. La decisión se debe a que el mandatario titular de ese municipio, Julio Vargas Chica, se declaró impedido para tomar parte como autoridad local en la consulta previa minera, que fue establecida en la sentencia SU - 133 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
El acto de posesión se realizó ayer en el Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato, según los términos del artículo 94 de la Ley 136 de 1994.
La sentencia de unificación se basa en un expediente de tutela, en el cual unos pobladores de Marmato dedicados a la minería tradicional solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales. Además, ordenó a algunas autoridades como la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación de Caldas y al alcalde de Marmato a realizar determinadas acciones tendientes a evaluar los impactos de carácter social, económico, ancestral, cultural, territorial y ambiental que se pudieran derivar de la aplicación de un título minero.
Según Álvarez Castro, su función es desarrollar las órdenes dadas por la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU - 133 de 2017 y más exactamente lo ordenado en el artículo sexto, que consiste en la elaboración de un informe donde se identifiquen los impactos que pudieran derivarse para la población marmateña con la autorización de los derechos mineros amparados por títulos.
En el informe se deben plantear alternativas que puedan contribuir a garantizar el ejercicio de la minería tradicional en la zona alta del cerro El Burro.
El funcionario agregó que la primera acción es realizar un trabajo de consultoría que permita determinar los impactos de los que habla la sentencia y a partir de esta información, se hará una consulta previa que recoja el sentir de todos los marmateños.
El alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, aclaró que decidió marginarse de lo establecido por la sentencia porque ha tenido negocios con la empresa Coesos y tomó la decisión para que no haya malos entendidos. Destacó que con el nombramiento del alcalde ad hoc habrá más transparencia en el fallo.
Finalmente, advirtió que el conflicto entre los mineros tradicionales con la empresa Gran Colombia Gold se basa en la persecución con todos los amparos administrativos, pues pretende desalojarlos de las minas donde han trabajado por 480 años.