La principal necesidad de los centros carcelarios de Caldas es tener mejor infraestructura. Esto quedó claro durante el segundo Comité Carcelario y Penitenciario del departamento, en el que participaron delegados de los 27 municipios para rendir informe.
Para lograr cubrir esta necesidad, el Gobierno de Caldas y los representantes de las localidades le solicitaron a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) inversiones por 16 mil millones de pesos.
El gobernador (E) de Caldas, Carlos Alberto Piedrahita, dijo que al culminar la Ley de Garantías los municipios pueden rehacer sus convenios interadministrativos con el Inpec, lo cual garantizara la atención integral de los detenidos.
“Debemos tener claro que los condenados están en cabeza del Inpec, pero para los sindicados son los entes territoriales los que deben garantizar la atención integral de dichos personas. En Caldas continuamos con el tema de hacinamiento y dificultades en la prestación de salud”, agregó el mandatario encargado.
La directora del Inpec en Caldas, Martha Lucia Fehó Moncada, dijo que en el departamento todavía hay un sinsabor por el hacinamiento que hay en algunos establecimientos. Por esto, hizo un llamado para que los mandatarios, de acuerdo con la Ley 1709, busquen la posibilidad de construir sus propias cárceles municipales, decisión que ayudará a solucionar esta grave situación.
En Caldas un centro penitenciario que más dificultades tiene de hacinamiento es el de Anserma. Hernán Giraldo Trujillo, director del lugar, dijo que este centro de reclusión tiene un impacto muy alto en personas sindicadas y condenadas.
“Somos una jurisdicción de nueve municipios y la infraestructura del establecimiento es insuficiente, además es muy precaria para atender con rigor tantas órdenes que nos llegan de los jueces de la región. Los convenios que se han firmado con los municipios también son insuficientes”, aseguró el funcionario.
También dijo que la única solución para este hacinamiento es cerrar el circuito de Risaralda, que lo conforman cuatro municipios, para que estos tengan la posibilidad de construir su propia cárcel o trasladarlos a otro centro penitenciario y no a Anserma.
El dato
A partir del 20 de agosto la Procuraduría iniciará un seguimiento a cada alcalde de Caldas para determinar si los convenios actuales con el Inpec se están cumpliendo y si los convenios de años anteriores sí se liquidaron.
La cifra
Caldas tiene un 18,4% de hacinamiento en sus cárceles.
